Artículo redactado por ANA BELÉN PALOMO – Málaga.-
En Islandia han optado por confinar solo a los casos positivos    y la
economía se ha visto mínimamente alterada
Redactado por: ANA BELÉN PALOMO – Málaga

El gasto público de un solo mes de hibernación superaría el coste de realizar tests masivos a toda la población. En Islandia han optado por confinar solo a los casos positivos y la economía se ha visto mínimamente alterada.

El Consejo de Ministros de ayer 14 de abril de 2020 nos ha dejado cifras económicas para la historia. El panorama se presenta desolador en todos los ámbitos, pero nos detendremos en el importe que va a suponer para las arcas públicas sostener el Estado de Alarma por COVID-19, en cuanto a prestaciones extraordinarias de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según la ministra Montero, más de 940.000 personas han presentado la solicitud para recibir la prestación por cese o descenso de actividad. Suponiendo que se concedan todas ellas por la cuantía mínima de 661 euros, el coste para el Estado sería de más de 621 millones de euros cada mes.

A esta cifra hay que sumarle los 2 millones de personas afectadas por ERTE en nuestro país, sin contemplar al millón de personas desempleadas, sin prestación, derivadas de esta crisis, según los sindicatos. Volvemos a sacar la calculadora y teniendo en cuenta la cuantía mínima (501,98 euros) que van a percibir los trabajadores afectados por un ERTE, tenemos un resultado de más de mil millones de euros al mes.

Si optamos por ser menos pesimistas con los resultados, aunque estamos teniendo en cuenta los importes mínimos a percibir, vamos a suponer que sólo se conceden la mitad de las prestaciones a autónomos y trabajadores, es decir, las ayudas por cese se situarían en torno a 310 millones de euros y a 501 millones de euros en el caso de trabadores afectados por ERTEs, obteniendo un total de más de 812 millones de euros al mes.

El caso de Islandia: la actividad económica no puede parar ¿Existía otra alternativa a la hibernación económica? El caso de Islandia nos demuestra que sí. En vez de congelar toda la actividad económica de un país, adoptaron una sola medida: tests masivos a toda la población.

El coste económico de esta medida es muy alto, sí, pero los resultados están siendo asombrosos: la actividad comercial e industrial ha continuado, los niños van al colegio, los restaurantes siguen abiertos y la población hace vida normal, aplicando medidas higiénicas y de distanciamiento extraordinarias a su vida diaria.

Las únicas personas confinadas son las que han dado positivo en los tests de detección de COVID-19 y su círculo más cercano se mantendría en cuarentena durante 14 días.

Si el Gobierno español hubiera implementado el modelo islandés, teniendo en cuenta que el coste medio de un test es de 15 euros y existen 47 millones de personas en España, el coste hubiera sido de unos 706 millones de euros.

Un coste elevado, pero totalmente justificado y amortizado si lo comparamos con los gastos extraordinarios por cese de actividad para autónomos y trabajadores en ERTEs en solo 1 mes de hibernación económica, que hemos calculado en más de 800 millones de euros, pero sobre todo, y lo más importante, se trata de evitar las terribles consecuencias económicas para nuestra economía, nuestro sector turístico y nuestro siempre débil tejido empresarial.

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