La renta mínima amenaza con ‘endosar’ un 5% más de paro al desincentivar el trabajo

Expertos aseguran que aumentará el empleo en sectores precarios. El ingreso mínimo se podrá cobrar de manera vitalicia manteniendo los requisitos

La puesta en marcha del ingreso mínimo vital podría arrojar algunas sombras por su impacto en el mercado laboral.

En concreto, el hecho de que la prestación pueda incrementar la informalidad en ciertas áreas de actividad, principalmente las más precarias, provocaría que quienes dejasen de trabajar en condiciones de legalidad con su alta a la Seguridad Social condujese a un incremento de un 5% como producto de esta huida del empleo legal para poder reunir las condiciones de acceso al ingreso mínimo vital.

La cifra estimada de ocupados que expulsaría del mercado laboral la medida estaría entre 1,7 y 2,5 millones.

1. Empleo informal

Este efecto desincentivador de la búsqueda de empleo recaería sobre todo en los salarios más bajos, donde el efecto de la parcialidad y la temporalidad de los contratos otorga menos ingresos mensuales a los empleados, a veces insuficientes para mantener un nivel de vida adecuado, más aún cuando existen cargas familiares, hasta 1,7 millones de trabajadores en nuestro país. Sin embargo, en el peor de los escenarios advierten los expertos que el desestímulo podría alcanzar a un 20% de estos trabajadores.

El resultado sería un incremento del desempleo en 5 puntos.

2. Fraude fiscal

Este incremento del desempleo general por abandono del mercado laboral o tránsito al empleo informal supone directamente una proliferación de la economía sumergida, además de un caldo de cultivo propicio para el fraude laboral, ya que parte de esos ingresos, los que proceden de rentas salariales pasan a un circuito de dinero no declarado a la administración.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, autor de la medida, ha tenido que explicar reiteradamente que existe todo un armazón que envuelve a la prestación que servirá para evitar estas situaciones de fraude.

3. Gasto público

También surgen las dudas sobre la conveniencia, e incluso viabilidad, de un gasto que el Ministerio de Seguridad Social ha cifrado en 3.000 millones de euros anuales. Eso sí, debido al diseño de la medida, el pago de la ayuda no repercutirá en un mayor déficit presupuestario para la Seguridad Social, el organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país, que no en vano acumulará un desfase de en torno a los 60.000 millones de euros, un 5% del PIB, según cálculos de la AIReF con motivo de los desembolsos realizados en ayudas para los trabajadores y empresarios afectados por la crisis sanitaria.

La ayuda se financiará a través de préstamos del Estado a la Seguridad Social, es decir, con Presupuestos y vía impuestos.

Sin embargo, al computar como pasivo del Estado sí que incrementará los niveles de déficit público general de las Administraciones: sin ir más lejos AIReF ha revisado en dos décimas su previsión de déficit para este año, elevándolo hasta el 14% del PIB en el peor de los escenarios posibles, por la puesta en marcha del nuevo ingreso mínimo.

4. Rentas vitalicias

Otro de los elementos que más cuestiona las previsiones de gasto y de incertidumbre sobre el funcionamiento de la medida es el hecho de que se pueda cobrar la ayuda con carácter vitalicio siempre y cuando se cumplan los requisitos de acceso establecidos para el ingreso mínimo.

5. Clientelismo

Desde la oposición se acusa al Gobierno de establecer nuevos lazos de dependencia de las personas más vulnerables y en situaciones de pobreza extrema con el Gobierno que sostiene los mínimos vitales a través de una prestación. Cabe recordar que la ayuda llegará previsiblemente a 850.000 hogares en España y cubrirá a 2,3 millones de personas, un tercio de ellos menores de edad.

FUENTE El Economista

📸ILUSTRACIÓN Javier Muñoz

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