LOS ERE OLVIDADOS POR SANCHEZ Y SUS MEDIOS DE COMUNICACION

El caso de los ERE de la Junta de Andalucía  es el caso de mayor corrupción de Europa perpetrado por un partido político, en este caso PSOE con el agravante que ese dinero iba destinado a los trabajadores y que bajo una trama bien organizada y permitida por los altos cargos del PSOE y que se intenta olvidar con la ayuda de los medios afines al gobierno de Pedro Sanchez.

La Fiscalía acusa a dos expresidentes, siete exconsejeros, dos ex vice consejeros, tres ex directores generales, dos ex directores generales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta.

680 millones de euros robados a los trabajadores

El dinero defraudado

Todos están señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico que se aplicó en Andalucía entre 2000 y 2009 para conceder ayudas de forma discrecional y arbitraria a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas sin que hubiera “ningún control” sobre ellos, según Anticorrupción y que no fueron a parar precisamente a los que inicialmente iban destinados esos fondos.

El caso empezó a tramitarse cuando la jueza Mercedes Alaya, mediante su investigación sobre el ERE de Mercasevilla, abrió diligencias sobre un presunto fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis. Un año después de que acabase un larguísimo juicio oral, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla cito a todos los procesados para comunicarles el fallo.

854.838.243 euros

‘Fondo de reptiles’

La partida presupuestaria de los ERE, también denominada ‘fondo de reptiles’, ascendió a 854.838.243 euros. Esta cifra lo posiciona en el caso más copioso de la historia de España. El 80% del dinero se destinó a financiar las prejubilaciones de 5.982 trabajadores andaluces. Este procedía siempre de la partida presupuestaria 31-L y fue repartido por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego renombrado como la agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía).

300 acusados

El mayor número de imputados en España

Son unos 300 los acusados de diferentes delitos que respondieron en el juicio, convirtiéndose así en la trama con mayor número de imputados en España. La Fiscalía Anticorrupción barajo tres condenas posibles. La más suave es la de diez años de inhabilitación por prevaricación; la más dura, ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación más 30 de inhabilitación; y hay otra de seis años de prisión y el mismo periodo de prohibición de ostentar cualquier cargo público.

Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, acusado por  prevaricación. En la misma línea se encuentran Gaspar Zarrias, exconsejero de Presidencia; Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda; José Salgueiro, que fue consejero de Hacienda apenas tres meses; Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Francisco del Río, jefe del gabinete jurídico de la Junta durante siete años.

José Antonio Griñán, sucesor de Chaves se enfrentaba  a seis años de cárcel y 30 de inhabilitación debido a su actuación como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009). En este grupo están también la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex director general de IDEA Jacinto Cañete y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

Ocho años de cárcel

La petición de pena más dura

La petición de pena más dura era de ocho años de cárcel, recayó en 11 acusados, entre ellos los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. A su vez, figuran dos ex vice consejeros, Agustín Barbera (Empleo) y Jesús María Rodríguez (Innovación), además de los ex secretarios generales Lourdes Medina, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado, y un director general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano.

Los procesados señalados por participar durante casi una década en la concesión de ayudas a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas andaluzas sin que hubiera “ningún control” por parte de la Administración, según Anticorrupción.

Siete años y más de un millón de folios

Un proceso largo y voluminoso

La juez Mercedes Alaya abrió las diligencias 174/2011 del caso de los ERE. A raíz de esto, se ha enfrentado a insultos, críticas de género y todo tipo de acusaciones que no le han impedido seguir adelante con el caso. El sumario de la causa matriz, más anexos, más la pieza política están formados por 8.500 archivos informáticos y 379 tomos. En total, 1.100.000 folios. De hecho, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, llegó a calificar esta sentencia como “la más difícil de la historia judicial de España”. La sentencia es el resultado de cinco años de instrucción y de casi 700 horas de grabación durante el juicio, que empezó el 13 de diciembre de 2017 y concluyó el 17 de diciembre de 2018 tras 152 sesiones.

1.700 folios de sentencia bajo llave

El documento final del falló consta de 1.700 folios y será firmado por el juez Juan Antonio Calle Peña y las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Audiencia de Sevilla se han posicionado para que no se filtre la sentencia: “No queremos que ocurra como con la sentencia del ‘procés’”, aseguran fuentes del tribunal.

Una amenaza para el PSOE

La decisión final, el PP confiaba en que la sentencia complicara la investidura de Pedro Sánchez y que tenga un impacto similar al que tuvo el caso Gürtel, con la moción de censura que hizo caer a Mariano Rajoy. Ante esta situación, el PSOE descarta los efectos negativos en Sánchez, puesto que de 2000 a 2009 el actual secretario general no tenía responsabilidades en las filas socialistas. Sin embargo, la situación es diferente para Susana Díaz, que llegó al Gobierno andaluz en 2012. Sus competidores políticos la han vinculado al POSE de Sevilla durante el reparto de este fondo. Pese a las maniobras del PP, el juez Calle descartó incluso citarla como testigo.

A diferencia del caso Gürtel, en el de los ERE no se investiga la financiación ilegal de un partido político. Pese a esto, algunos procesados están acusados de beneficiar con fondos públicos a particulares y empresas próximas a los socialistas.

Pedro Sanchez tapa sus vergüenzas no dimite como si pidió y a través de la moción de censura llego al poder, los medios afines y subvencionados no sacan nada relacionado con los ERE sin embargo si se encargan de sacar a diario el caso Gurtel pese a no tener nada que ver la actual secretaria del Partido Popular, otro tema que los medios afines saca es el caso Kitchen olvidando que este gobierno mando a varios agentes con pasaportes falsos a otro país encapuchados y armados para sacar a un presunto delincuente que se encontraba en la embajada Mexicana, por otro lado estos medios no quieren saber de dónde se sacaron fondos para este viaje, otro tema que tapan es el caso denominado DELCY donde la UE prohibió que pisara suelo europeo y este gobierno no solo lo permitió si no que fue recibida por el ministro ABALOS con la recepción de unas maletas que ha día de hoy nadie sabe que contenía.

Este gobierno se basa en la mentira y en la manipulación ayudada por los medios afines pero que los ciudadanos cada día tienen más claro que este gobierno  no tiene credibilidad ninguna, lo vemos en Montero cuando mintió con el IV de las mascarillas y en estos últimos días mentía con el IVA de la luz tomando a los españoles por estúpidos algo que ya no traga.

Un gobierno que no está ni se le espera en una crisis económica y sanitaria que como siga a este ritmo quedara poco  del tejido empresarial, sin ayudas a los autónomos y pequeños empresarios  subiéndoles impuestos dudo mucho que aguanten más tiempo, al contrario que en países como Alemania que confinan a la población pero con ayudas directas para evitar el cierre de negocios.

Esperemos que alguien solicite que se devuelvan los 680 millones robados que en estos momentos hacen mucha falta.

Salvador T. Giménez