Mutilaciones “Sánchez”

Mutilaciones “Sánchez”

Si ahora nos pidiesen dibujar una representación del concepto justicia, seguro que
muchos de nosotros enseguida perfilaríamos una figura femenina, vestida a las formas
clásicas, con una balanza en las manos y una venda cubriendo los ojos.

Esto último derepresentar como ciega a la alegoría de la justicia, se viene haciendo desde el siglo XVI, y quiere representar que los jueces únicamente se tienen que limitar a interpretar los hechos que se narren. A pesar de esto, conserva intacta sus oídos y articulaciones, para poder oír y entender todos los argumentos, y las manos para poder investigar y llegar al fondo del asunto.

Pero este grafismo parece que tiene los días contados. Una vez más el fragilísimo
Gobierno de Pedro Sánchez, mendigo de mayorías parlamentarias que le permitan
continuar durmiendo en el Palacio de la Moncloa, vuelve a doblar la rodilla ante las
exigencias de sus socios. Una tentativa, por ahora solo eso, pero que amenaza con ser
la nueva pifia de una tortuosa legislatura.

A vueltas con cómo debilitar las instituciones y por ende el Estado, hacen parada ahora en la Ley de Seguridad Ciudadana. Por entender mejor el sentido y fin de esta norma, es necesario leer con atención el preámbulo de la misma donde dice: “Para garantizar la seguridad ciudadana, que es una de las prioridades de la acción de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho instaurado por la Constitución dispone de tres mecanismos:

Un ordenamiento jurídico adecuado para dar respuesta a los diversos fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que asegure su aplicación, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la prevención y persecución de las infracciones.”

La seguridad ciudadana se consagra, entonces, a tres puntales inquebrantables e insustituibles que son la Ley, la acción judicial y la policial. El primero de ellos, la Ley, ejerce la función de paraguas que abraza y ampara a las otras dos, que marca los límites necesarios de las libertades individuales y los cauces de actuación de jueces y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por su parte, el Poder Judicial, es el encargado de hacer cumplir el corpus jurídico y las
fuerzas policiales tienen encomendada la misión de prevenir cualquier ilícito, perseguir
a aquel que lo cometa para que dé cuenta ante el juez, y de colaborar en las
investigaciones judiciales cuando así se requiera.

La mal llamada “ley mordaza”, validada por el Tribunal Constitucional y cuya reforma
ahora nos ocupa, entra en el primer orden de cosas citado, amparando de alguna forma
la actuación policial respecto a los derechos y libertades de los ciudadanos.

Se proponen cambios, también, en el tiempo de identificación en comisaría, de seis a dos horas, e impone que los agentes devuelvan al individuo al punto de origen, a modo de
taxistas con pistola. Cambios también en las sanciones por estupefacientes, que pasan
de graves a leves, y más cambios en la relación con los agentes, permitiendo ahora que
éstos puedan ser fotografiados o grabados, con las consecuencias personales que eso
puede acarrear.

Pero los puntos más graves, en mi opinión, son en primer lugar, la no necesidad de
comunicar las manifestaciones como propone el PNV. Detalle que se les escapa es el
artículo 21.2 de la Constitución que dice, y cito textualmente: “En los casos de reuniones
en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la
autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del
orden público, con peligro para personas o bienes”.

Por tanto es una parte de la reformaque nace muerta por anticonstitucional, que requeriría de una reforma previa de la Carta Magna. El segundo de los puntos más escandalosos es la reforma del articulo 19 de la citada norma, en el que se invoca la presunción de veracidad en las declaraciones de los agentes. Eliminar esto supondría despojar a la justicia de representantes en la sociedad, equiparando sus afirmaciones a las de cualquier ciudadano desposeído de autoridad alguna.

Con toda esta reforma pareciera como si el Gobierno de Pedro Sánchez quisiera que
pareciera un viejo mutilado de guerra, en este caso de una insoportable guerra
ideológica, de donde sacaremos una mujer ciega, sorda sin el testimonio reforzado de
los agentes y sin manos ni pies para intervenir para representar, fielmente, a la justicia
española que resultará de esta reforma.

Víctor Hernández Hernández